1. Introducción
Una pieza fundamental e indispensable en todo proceso civil es la comunicación de documentos. La cual involucra lo concerniente a la forma en que se administra, ofrece y conoce, en la fase judicial, la prueba escrita, literal o preconstituida que será utilizada por las partes envueltas en la controversia para demostrar al tribunal la veracidad de sus alegatos.
De manera tal que, por medio de esta figura procesal los involucrados en el litigio, por un lado, incorporan al proceso los medios probatorios escritos con los que pretenden hacer valer sus argumentaciones y, por otro lado, conocen las pruebas literales con las que el adversario fundamentará sus pretensiones.
En tal sentido, en virtud de lo consagrado en el artículo 49 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978[1], las partes envueltas en un proceso litigioso se encuentran en la obligación de comunicar, a los demás intervinientes en la instancia, los documentos que utilizarán a los fines de demostrar sus alegatos y hacer valer sus pretensiones.
2. Base legal de la comunicación de documentos entre las partes
| 2.1. La Constitución dominicana[2]. |
| 2.2. Ley núm. 834, que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de Procedimiento Civil y hace suyas las más recientes y avanzadas reformas del Código de Procedimiento Civil Francés, de fecha 15 de julio de 1978. |
| 2.3. El Código de Procedimiento Civil dominicano[3]. |
A saber:
La figura procesal de la comunicación de documentos se fundamenta jurídicamente sobre la base del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, que es una prerrogativa de rango constitucional, reconocida, de manera expresa, en el artículo 69 de la carta magna dominicana[4].
En consecuencia, como parte del cumplimiento de ese mandato constitucional, y siendo esencial para el cumplimiento del mencionado artículo 69 de la ley fundamental, la creación de reglas que garanticen una efectiva comunicación de documentos entre las partes envueltas en un litigio, el legislador se encargó de regular esta última figura en los artículos 49 al 59 de la Ley núm. 834.
De igual forma, aunque de manera concisa, también es necesario recurrir al Código de Procedimiento Civil dominicano para el estudio y desglose de lo concerniente a la comunicación de documentos.
3. Propósitos de esta figura procesal
| 3.1. Que los intervinientes en el litigio cuenten con la oportunidad de ofertar al tribunal todos sus medios probatorios y, de esa forma, dar fiel cumplimento a lo especificado en el artículo 1315 del Código Civil dominicano[5]. Esto es, permitir, por un lado, al demandante probar al tribunal la existencia de una obligación incumplida y al demandado, si persigue el rechazo de la acción que se ha incoado en su contra, demostrar que ha pagado o, en su defecto, que su obligación se ha extinguido. |
| 3.2. Que las partes en el proceso tengan la oportunidad de conocer, estudiar, examinar, criticar, contestar y refutar los elementos probatorios ofertados por su adversario; y, en consecuencia, permitir que las partes puedan preparar una defensa acorde con las pretensiones de su contraparte. |
| 3.3. Que los jueces se edifiquen e instruyan sobre el caso, formen su propia convicción y queden en condiciones de dictar el fallo con el que culmina la instancia. |
4. Beneficios que otorga la comunicación de documentos
| 4.1. Garantiza el fiel cumplimiento de los principios de igualdad entre las partes, de contradicción y de lealtad procesal |
| 4.2. Protege el derecho a la defensa |
| 4.3. Impulsa la transparencia del proceso |
5. El rol de los jueces en el proceso de comunicación de documentos entre las partes
Al referirse a este tema, la Suprema Corte de Justicia dominicana ha manifestado que:
“… para que la ponderación de un documento produzca violación al derecho de defensa de la parte interesada, es necesario que la pieza ponderada sea desconocida por la parte a quien se le opone o que dicha parte no pueda defenderse de la misma ni de los hechos deducidos por el juez producto de su examen. De lo (…) indicado se advierte que, los tribunales están en la obligación de proporcionar igualdad de condiciones en las oportunidades que ofrecen a las partes para depósito y comunicación de documentos, con la finalidad de que ambas puedan preparar y organizar sus medios de defensa”[6].
Por consiguiente, queda en manos de los jueces actuar como garantes del estricto cumplimiento del proceso de presentación, conocimiento y contestación de la prueba escrita.
6. Formas de efectuar la comunicación de documentos
Quien pretende hacer uso de una prueba escrita, literal o preconstituida, en un litigio, debe integrarla mediante el proceso instituido por la Ley 834 y el Código de Procedimiento Civil dominicano.
En este orden:
| 6.1.1. La comunicación de documentos puede ser realizada de forma espontánea. Esto es: 6.1.1.1. Llevada a cabo de manera conjunta con el emplazamiento. 6.1.1.2. Llevada a cabo mediante el depósito de las pruebas escritas en la secretaria del tribunal apoderado. |
| 6.1.2. La comunicación de documentos puede ser realizada en ocasión de la orden dada por el tribunal, en los casos en que no ocurra de manera espontánea y la parte interesada así lo solicite. |
A saber:
6.1.1. La comunicación de documentos puede ser realizada de forma espontánea
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley núm. 834[7], la comunicación de documentos entre las partes debería ser espontánea. Es decir:
6.1.1.1. Llevada a cabo conjuntamente con el emplazamiento
Conforme con lo prescrito en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil[8], la comunicación de documentos puede materializarse de manera simultánea a la notificación del acto de emplazamiento, anexando, a este último, copia de los documentos con los que el demandante apoya sus pretensiones.
6.1.1.2. Llevada a cabo mediante el depósito de las pruebas escritas en la secretaria del tribunal apoderado. Ya sea:
6.1.1.2.1. Porque las piezas probatorias no fueron depositadas conjuntamente con el emplazamiento
6.1.1.2.2. Porque las piezas probatorias hayan sido notificadas en fotocopias, de manera simultánea con el acto de emplazamiento, y sea necesario el depósito en la secretaria del tribunal de los documentos en original, en aquellos casos en que, conforme con lo estipulado en la ley, no baste con la presentación de los actos en fotocopias[9].
En la práctica, si la comunicación de documentos no se realiza de manera simultánea con el emplazamiento, entonces, en la primera audiencia a celebrarse las partes deben solicitar al tribunal que se otorgue un plazo a los fines de comunicar las piezas probatorias con las que fundamentarán sus pretensiones. Este pedimento puede ser llevado a cabo solamente por uno de los intervinientes en el litigio o por todos. En estas situaciones, generalmente los jueces otorgan plazos a ambas partes para que se efectúe la comunicación de documentos, aun en los casos en que el pedimento sea realizado por solo uno de los involucrados en el proceso.
6.1.2. La comunicación de documentos puede ser realizada en ocasión de la orden dada por el tribunal, en los casos en que no ocurra de manera espontánea y la parte interesada así lo solicite[10]
En estas situaciones el tribunal tiene la facultad al momento de ordenar la comunicación de documentos de:
6.2.1. Precisar bajo que modalidad se llevará a cabo la comunicación de las piezas probatorias. Es decir, si se efectuará mediante el depósito en la secretaria del tribunal o con la notificación de estas a través de acto de abogado a abogado.
6.2.2. Especificar el plazo con el que cuentan las partes para realizar la comunicación de documentos.
6.2.3. Disponer, si así lo considera menester, que la comunicación de las piezas probatorias se materialice a pena de astreinte[11].
7. La solicitud de comunicación de un documento realizada por quien no tiene en su poder la pieza probatoria que pretende incorporar al proceso
Se puede presentar el caso de que una de las partes envueltas en el proceso civil no tenga en su poder un documento, ya sea un acto auténtico o bajo firma privada, pero que quiera hacer uso de este por ser útil y quizás hasta indispensable a los fines de demostrar sus pretensiones. Presentado este escenario pueden ocurrir dos situaciones:
| 7.1.1. Que el interesado sea parte del acto jurídico que pretende incorporar al proceso |
| 7.1.2. Que el interesado no sea parte del acto jurídico que pretende incorporar al proceso |
Además, el documento o pieza que se quiere utilizar:
| 7.2.1. Puede estar en poder de un tercero (en relación con el proceso) |
| 7.2.2. Puede estar en poder de uno de los intervinientes del proceso |
En este tenor, la parte interesada, en hacer uso de un acto auténtico o un documento bajo firma privada que se encuentra en manos de un tercero o de la contraparte, haya sido parte o no de dicho escrito, puede, en ambos casos, solicitar al tribunal, sin ningún tipo de formalidad especial, que ordene que el acto sea entregado o producido a los fines de ser incorporado al litigio para utilizarse como un medio probatorio.
Si los jueces lo consideran necesario admitirán la solicitud mediante decisión judicial dictada al efecto, que conminará a quien tiene la pieza en su poder a llevar a cabo su entrega o producción[12].
8. La prórroga a la comunicación de documentos y su uso abusivo
Una vez el tribunal otorga a las partes los plazos correspondientes para que se lleve a cabo una comunicación de documentos, podría presentarse el caso de que en una próxima audiencia se solicite una prórroga a la comunicación de documentos otorgada con anterioridad, ya sea a solicitud de ambas partes o de una sola de estas, lo cual es perfectamente válido.
No obstante, queda a la soberana discreción de los jueces concederla o no, atendiendo a las particularidades de cada situación.
Con relación a esto, la Suprema Corte de Justicia ha precisado que:
“… no se viola el derecho de defensa cuando los jueces del fondo, en uso de su poder soberano, rechazan un pedimento de prórroga de comunicación de documentos e invitan a las partes a concluir al fondo de sus pretensiones…”[13].
“… la (…) comunicación de documentos y la prórroga (…) es un instituto procesal que administra el tribunal discrecionalmente, solo sometido al principio de racionalidad (…) los jueces del fondo no incurren en violación al derecho de defensa al rechazar la solicitud de una prórroga de la comunicación de documentos, puesto que son soberanos para ordenar o desestimar, como mejor convenga a una adecuada administración de justicia, las medidas de instrucción que les propongan las partes…”[14].
En consecuencia, cuando existen motivos justificados, racionales, lógicos y sensatos, los jueces cuentan con plena facultad para negar la prórroga a la comunicación de documentos. Esto, con la finalidad de evitar que esta se utilice como un medio para retardar, entorpecer o dilatar el proceso.
9. La comunicación de documentos en grado de apelación
Conforme con lo prescrito en la parte in fine del artículo 49 de la Ley núm. 834[15], en la instancia de apelación no es obligatorio que los jueces ordenen una comunicación de documentos si estos han sido ya ofertados, replicados y sometidos al debate en primera instancia. Empero las partes pueden solicitarla, quedando en manos de los jueces otorgarla o no, sin que su aceptación o rechazo impliquen violación alguna.
Sobre este punto la Suprema Corte de Justicia se ha referido de la siguiente manera:
“… los jueces del fondo no incurren en (…) violación al derecho de defensa al rechazar la medida de prórroga de la comunicación de documentos solicitada (…) en presencia de un pedimento expreso la prórroga de la medida de comunicación de documentos siempre es posible, pero ello no obliga al juez de segundo grado a concederla y más aún si (…) había sido ordenada en audiencia anterior la medida de comunicación de documentos entre las partes”[16].
“… en apelación no es obligatorio que los jueces otorguen la medida de comunicación de documentos, por ser facultativa…”[17].
Sin embargo, en la práctica, la costumbre es que en la primera audiencia en la que se conoce un recurso de apelación los jueces otorguen, a solicitud de las partes, un determinado plazo para que se lleve a cabo la comunicación de documentos.
10. Consecuencias de la no comunicación de documentos en los plazos establecidos por el tribunal
La documentación que no ha sido comunicada durante el proceso judicial en tiempo hábil puede ser descartada válidamente de la litis. En consecuencia, los actos o escritos, no sometidos al proceso de contradicción, discusión y refutación de las partes, al ser excluidos del proceso, se tendrán como no presentados[18].
11. Naturaleza de la sentencia que interviene con motivo de la comunicación de documentos
El dictamen judicial que decide sobre la comunicación de documentos es preparatorio[19]. Lo cual ha sido refrendado por la Suprema Corte de Justicia que ha expresado que: “… la sentencia que ordena una comunicación de documentos es preparatoria”[20].
[1] Ley núm. 834, que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de Procedimiento Civil y hace suyas las más recientes y avanzadas reformas del Código de Procedimiento Civil Francés, 15 de julio de 1978. Gaceta Oficial núm. 9478, 12 de agosto de 1978.
Artículo 49 de la Ley núm. 834: “La parte que hace uso de un documento se obliga a comunicarlo a toda otra parte en la instancia…”.
[2] Constitución de la República Dominicana (Const.). 27 de octubre de 2024. Gaceta Oficial núm. 11170. 31 de octubre de 2024.
[3] Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. 17 de abril de 1884.
[4] Artículo 69 de la Constitución: “… toda persona (…) tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso (…) conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:…
4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa…
8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley…”.
[5] Código Civil de la República Dominicana. 17 de abril de 1884.
Artículo 1315 del Código Civil dominicano: “El que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”.
[6] Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, núm. SCJ-PS-24-1135, 31 de mayo de 2024. Fuente: Boletín Judicial, órgano de la Suprema Corte de Justicia, mayo 2024. Santo Domingo, D. N., República Dominicana (núm. 1362, año 114, p. 1780), www.poderjudicial.gob.do
[7] Artículo 49 de la Ley núm. 834: “… la comunicación de los documentos debe ser espontánea…”.
[8] Artículo 65 del Código de Procedimiento Civil: “Con el emplazamiento se dará copia de los documentos, o de la parte de aquellos en que se apoye la demanda…”.
[9] Para ampliar este tema se puede visitar: “El valor probatorio de los documentos presentados en fotocopias en los procesos judiciales dominicanos”, en el siguiente enlace: https://francialeon.com/el-valor-probatorio-de-los-documentos-presentados-en-fotocopias-en-los-procesos-judiciales-dominicanos/
[10] Artículo 50 de la Ley núm. 834: “Si la comunicación de documentos no se ha hecho amigablemente entre abogados o por depósito en secretaría, el juez puede ordenarla, sin ninguna formalidad, si es requerida por una cualquiera de las partes”.
[11] Artículo 51 de la Ley núm. 834: “El juez fija, si hay necesidad a pena de astreinte, el plazo y si hay lugar, las modalidades de la comunicación”.
Artículo 54 de la Ley núm. 834: “El astreinte puede ser liquidado por el juez que lo ha pronunciado”.
[12] Artículo 55 de la Ley núm. 834: “Si, en el curso de una instancia, una parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma privada en el cual no ha sido parte o de un documento que está en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto ordenar la entrega de una copia certificada o la producción del acto o del documento”.
Artículo 56 de la Ley núm. 834: “La solicitud es hecha sin formalidad.
El juez, si estima esta solicitud fundada, ordena la entrega o la producción del acto o del documento, en original, en copia o en extracto según el caso, en las condiciones y bajo las garantías que fije, si hay necesidad a pena de astreinte”.
El artículo 57 de la Ley núm. 834 prescribe que la decisión del tribunal, si procede, será: “… ejecutoria provisionalmente, sobre minuta…”.
Artículo 58 de la Ley núm. 834: “En caso de dificultad, o si es invocado algún impedimento legítimo, el juez que ha ordenado la entrega o la producción puede, sobre solicitud sin formalidad que le fuera hecha, retractar o modificar su decisión. Los terceros pueden interponer apelación de la nueva decisión en los quince días de su pronunciamiento”.
Artículo 59 de la Ley núm. 834: “Las demandas en producción de elementos de prueba que están en poder de una de las partes son hechas, y su producción tiene lugar, conforme a las disposiciones de los artículos 55 y 56”.
[13] Sentencia de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, núm. 26, 1 de febrero de 2012. Fuente: Boletín Judicial, órgano de la Suprema Corte de Justicia, febrero 2012. Santo Domingo, D. N., República Dominicana (núm. 1215, año 102, p. 272), www.poderjudicial.gob.do
[14] Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, núm. SCJ-PS-22-2975, 28 de octubre de 2022. Fuente: Boletín Judicial, órgano de la Suprema Corte de Justicia, octubre 2022. Santo Domingo, D. N., República Dominicana (núm. 1343, año 113, pp. 1858 y 1859), www.poderjudicial.gob.do
[15] Artículo 49 de la Ley núm. 834: “… en causa de apelación, una nueva comunicación de los documentos ya realizada en los debates de la primera instancia no es exigida. Toda parte puede sin embargo pedirla”.
[16] Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, núm. SCJ-PS-24-0268, 29 de febrero de 2024. Fuente: Boletín Judicial, órgano de la Suprema Corte de Justicia, febrero 2024. Santo Domingo, D. N., República Dominicana (núm. 1359, año 114, p. 751), www.poderjudicial.gob.do
[17] Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, núm. SCJ-PS-23-1981, 29 de septiembre de 2023. Fuente: Boletín Judicial, órgano de la Suprema Corte de Justicia, septiembre 2023. Santo Domingo, D. N., República Dominicana (núm. 1354, año 113, p. 568), www.poderjudicial.gob.do
[18] Artículo 52 de la Ley núm. 834: “El juez puede descartar del debate los documentos que no han sido comunicados en tiempo hábil”.
[19] El artículo 452 del Código de Procedimiento Civil dominicano consagra que es preparatoria la sentencia: “… dictada para la sustanciación de la causa y para poner el pleito en estado de recibir fallo definitivo…”.
[20] Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, núm. SCJ-PS-22-3469, 18 de noviembre de 2022. Fuente: Boletín Judicial, órgano de la Suprema Corte de Justicia, noviembre 2022. Santo Domingo, D. N., República Dominicana (núm. 1344, año 113, p. 2435), www.poderjudicial.gob.do